agosto 18, 2022
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Aníbal Fernández: Un enemigo de la protesta social

Uno de los nuevos ministros surgidos de la crisis en el gobierno y en el Frente de Todos tras la derrota electoral en las PASO es Aníbal Fernández en reemplazo de Sabina Frederic en el Ministerio de Seguridad. Quizá uno de los funcionarios con más experiencia en el peronismo, Fernández se inició en la era menemista como intendente y nunca se bajó de cargos políticos siempre que estuvo el peronismo en el poder. En su carrera política también acarrea la derrota electoral en las elecciones del 2015, cuando perdió en siete de las ocho secciones bonaerenses ante María Eugenia Vidal. Su larga gestión pública estuvo vinculada al aparato represivo y en hechos que lo vinculan  con algunos de los principales crímenes sociales, entre los que trascendieron la «Masacre de Avellaneda» en el 2002 abonando la «muerte entre piqueteros», o cuando dijo que el desaparecido Julio López estaría en la casa de su tía. También quedo mal parado cuando la Policía federal (PFA), a su cargo cuando era jefe de Gabinete, liberó la zona en el asesinato de Mariano Ferreyra. La larga lista de hechos represivos que lo implican ha provocado el repudio de familiares de víctimas y organizaciones sociales ante su designación en el puesto de Seguridad. Por ANRed.

Siempre cercano al oficialismo desde el peronismo, Aníbal Fernández se inició en la política fuerte desde su intendencia en el partido de Quilmes en 1991, durante el menemismo. De la mano de Eduardo Duhalde fue escalando hasta llegar a la Secretaria de la Presidencia en el 2002 y desde allí en adelante fue variando de cargos durante la década kirchnerista. Hasta la convocatoria que le hizo Alberto Fernández, a partir de enero del 2020, para que sea interventor de Yacimientos Carbonífero Río Turbio (YCRT).

Aníbal también tiene un perfil que lo muestra como un personaje simpático que actuó junto a rockeros como en el videoclip “Tres Marías” de Andrés Calamaro o cuando va a ver «al Indio”, al que cita de vez en cuando, por ejemplo, en relación a Milagro Salas, por su detención: «El Indio (Solari) dice que todo preso es político». Pero esta impronta se combina con una función muy cómoda con el espionaje y la represión social a las protestas. El caso más resonante fue su señalamiento en la complicidad de la “Masacre de Avellaneda”, cuando la policía, en diálogo directo con la presidencia, desencadenó la represión que asesinó a Darío Santillán y Maximiliano Kosteki y dejó un tendal de más de una treintena de baleados. En aquel entonces (2002), Aníbal era secretario de la presidencia y fueron clave sus declaraciones en las posteriores ruedas de prensa para alimentar la línea que afirmaba que se trató de “una muerte entre piqueteros”.

En la conferencia de prensa relataba cómo realizaban espionaje a las organizaciones sociales de desocupados que no se habían subordinado al gobierno, en ese momento llamados los “piqueteros duros”, que centraban las protestas en el Puente Pueyrredón y en el cruce de Varela: “Nosotros conocíamos desde hace veinte días que iba a suceder una cosa de estas características porque nos habían dicho por comentarios que sabíamos que se organizaba para los días 22 y 23 en el estadio Gatica en Villa Dominico una asamblea de piqueteros en la que se iban a discutir los cursos a seguir. En esa asamblea se habló de lucha armada . En esa asamblea se definió lo que es un plan de lucha que no es otra cosa que un cronograma de hostilidades”, dijo por aquel entonces.

Luego, en entrevista con el periodista Martín Granovsky para Página 12 dijo que había conocido personalmente a Darío Santillán, que por aquel entonces tenía 19 años y que le había dado plata de su bolsillo para sostener un horno panadero que tenían en uno de los barrios de desocupados en plena crisis. El hecho fue rotundamente desmentido por la familia y compañeros que participaban en el MTD: “Quienes conocimos a Darío Santillán, sus familiares, sus amigxs y compañerxs de militancia, sabemos con certeza que Darío nunca tuvo relación personal con Fernández. Sus vidas se cruzaron sólo en dos oportunidades: en el año 2000, durante la gobernación de Carlos Ruckauf, cuando Fernández era Ministro de Trabajo provincial y Darío asistió a una reunión después de un piquete en La Plata, como parte de una nutrida delegación de la Coordinadora de Trabajadores Desocupados Aníbal Verón, de la que era uno de sus referentes. Dos años después, no se vieron personalmente, pero Aníbal Fernández se refirió a Santillán sin saberlo: acusó a los piqueteros, sus compañeros, por el asesinato de Santillán, mientras felicitaba a sus verdaderos ejecutores. Fernández era Secretario General de la Presidencia de Eduardo Duhalde y uno de los voceros de la Masacre de Avellaneda. El periodista Granovsky reproduce una versión interesada y falaz, inventada por el propio Fernández hace años ya, que ofende la memoria de un joven luchador social que no puede desmentirlo porque el gobierno que Fernández integró ordenó la represión que lo fusiló por la espalda”. 

 

Pero no fue el único episodio que destacó al nuevo ministro de Seguridad. El 20 de octubre del 2010, cuando las patotas de la Unión Ferroviaria armadas se movieron con total impunidad en una «zona liberada» para reprimir a los tiros una protestas de tercerizados en Avellaneda, que culminó con el asesinato a Mariano Ferreyra, la encargada de controlar la zona era la Policía Federal (PFA), que en aquel entonces respondía a Aníbal, quien era jefe de Gabinete. Durante el juicio que llevó a la cárcel al sindicalista Pedraza uno de los comisarios implicados declaró: “La policía es el brazo armado del poder político, y el que dispone del poder político es el Poder Ejecutivo”.

Otro ejemplo fue en el 2008, cuando culpó al Partido Obrero, a Pino Solanas, a Quebracho y al MST de los incendios de trenes en Merlo y Castelar. En una conferencia de prensa en la Casa Rosada ratificó la acusación, señalando a un docente dirigente del Partido Obrero, José María Escobar, por ser responsable de la pueblada en la estaciones del tren Sarmiento. La sorpresiva denuncia la realizó junto al entonces secretario de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires y luego fiscal, Carlos Stornelli . En ella expresó: “Hay una cantidad importante de militantes del Partido Obrero. El que dirigió toda la operación, en este caso, es un militante del Partido Obrero, que se llama José María Escobar, que es preceptor de una escuela, debería haber estado trabajando en ese momento. La gente que está presente es la que dice que esta persona es la que se quita un buzo, lo mete dentro de un balde, lo prenden fuego, cuando el buzo prendió fuego lo tiran adentro con eso y comienza el incendio de los siete vagones”.

Sin imputaciones ni pruebas recreó con sus declaraciones un ambiente de conspiración para inventar un culpable. La maniobra quedó evidenciada cuando la jueza subrogante en lo Civil y Comercial Federal Alicia Bibiana Pérez lo condenó a pagar 50 mil pesos por los daños y perjuicios causados cuando no había pruebas y ni siquiera imputaciones.

La Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI) publicó en sus redes sociales otros hechos, además de los mencionados, que relatan situaciones represivas ligadas a Aníbal Fernández como funcionario: “El 3 de agosto de 2001, un grupo de trabajadores desocupadxs del Movimiento Teresa Rodríguez viajaron desde Florencio Varela a La Plata para asistir a una reunión en el ministerio. Después que la delegación se entrevistó con Fernández, en el edificio fuertemente custodiado por la policía y en presencia del mismísimo ministro de Seguridad, comisario Ramón Orestes Verón, cuando la columna estaba a más de cinco cuadras del ministerio, se descargó un ataque que culminó con 59 personas detenidas. Acusadas por daño calificado, privación ilegítima de la libertad, amenazas calificadas, coacción agravada y resistencia a la autoridad por el fiscal Leandro Heredia y el juez Federico Atencio, estuvieron un mes presxs en Magdalena, hasta que logramos su liberación con un habeas corpus al que la Corte Suprema de la Nación debió hacer lugar. A fines de 2003, cuando recrudeció la embestida oficial contra las organizaciones piqueteras que no se habían disciplinado al gobierno, anunció a los medios que a quienes saquen los pies del plato los esperaremos con el código penal en la mano.

En agosto de 2004, fue estratégica la decisión de devolver la Subsecretaría de Seguridad Interior, de la que dependen las fuerzas de seguridad federales, del Ministerio de Justicia a la órbita del Ministerio del Interior, justamente bajo la conducción de Aníbal Fernández. Allí entendimos aquello del “código en la mano”. Hubo una avalancha de detenciones al voleo en manifestaciones, que derivaban en imputaciones agravadas, no excarcelables. Para el mes de diciembre, había 42 militantes presxs en cárceles por haber participado de movilizaciones.

El 18 de septiembre de 2006, Jorge Julio López no llegó a la audiencia en la que debía alegar su querella en el juicio contra el genocida Miguel Etchecolatz. Una semana después, con el conjunto del movimiento popular en las calles denunciando su segunda desaparición forzada, el entonces ministro del Interior pidió “que no se califique ni adjetive la ausencia de López” y lanzó la célebre provocación: “No se descarta que esté en la casa de su tía”.

En septiembre de 2008, después que la Corte Interamericana de DDHH requiriera nuevamente al Estado Argentino que cumpliera los puntos de fondo de la sentencia dictada cinco años antes, el 18/09/2003, en el caso Bulacio, el ministro Fernández trató de salvar la imagen decretando la exoneración del comisario Miguel Ángel Espósito, hecho doblemente ineficaz para entonces. Primero, porque ya hacía más de una década que Espósito estaba retirado, y, segundo, porque como nos enteramos en el juicio oral diez años después, la exoneración tiene el efecto de una especie de “muerte”, por lo que la esposa del comisario empezó a cobrar la rica pensión, como si hubiera enviudado. Ante nuestro reclamo de que se cumpliera el punto fundamental de la sentencia, la anulación de las facultades policiales para detener personas arbitrariamente, nos contestó “Me encantaría, pero éste es un país federal y los gobernadores no quieren”. Nunca promovió la derogación de la ley nacional 23.950, que regula las detenciones “para identificar” (la vieja “averiguación de antecedentes”) en el ámbito federal.”(…)

El 20 de octubre de 2010, el ataque de la patota reclutada por la unión Ferroviaria dirigida por José Pedraza atacó trabajadores que se movilizaban para denunciar la tercerización e híper explotación a que los sometía la empresa UGOFE a través de las cooperativas truchas de la propia burocracia sindical y con el aval de funcionarios del gobierno. Mariano Ferreyra fue asesinado. «En el juicio, demostramos que, como lo señalamos desde el primer día, ese plan criminal tuvo el aporte indispensable de la policía federal, que escoltó y abrió el paso a los agresores armados y los protegió en su retirada, frenando en cambio a lxs compañerxs que intentaron darles alcance, y los comisarios Osvaldo Mansilla y Jorge Ferreyra fueron condenados a 10 años de prisión como partícipes necesarios del homicidio. Fernández, a quien señalamos sin éxito ante la justicia como uno de los muchos funcionarios co-responsables, fue también el vocero oficial al día siguiente del ataque en Barracas: La policía hizo lo que tenía que hacer”.

Pero no sólo defendió siempre a la Policía Federal. En 2015, cuando el referente social Ángel Verón murió, después de días de agonía, como consecuencia de los golpes y heridas recibidos en la represión en un corte, nuevamente fue Fernández el que aseguró a los medios que había muerto “por una infección”.

Esto son apenas algunos antecedentes, de los muchos que reúne su historial, de quien desde hoy es el nuevo ministro de Seguridad de la Nación, es decir, el principal responsable y conductor de las fuerzas de Seguridad Federales, policía, gendarmería, prefectura y policía de seguridad aeroportuaria.

«Vemos con preocupación el nuevo nombramiento, pero más allá de señalar que si algo no tenemos es mala memoria, seguiremos insistiendo, como lo hicimos con su predecesora Sabina Frederic, en la imperiosa necesidad de que se atienda la Agenda Antirrepresiva Urgente, cada vez más necesaria, que contiene medidas que podrían reducir de manera significativa la violencia de las fuerzas de seguridad en las calles”, expresó CORREPI.

 

Fuente: https://www.anred.org/2021/09/19/anibal-fernandez-un-largo-prontuario-contra-la-protesta-social/

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