El pasado viernes 15 el juez de Cámara Mario Ballestieri tomó la decisión de apartar al juez Gonzalo Basualdo de la causa Casali. La resolución se dió luego de que la defensa había interpuesto un pedido de recusar a Basualdo como juez que decidiría sobre la prisión preventiva -al ya condenado a 11 años de prisión efectiva-, el abogado, Mariano Vouilloz. Dadas las circunstancias, Vouilloz continuará en libertad hasta que se determine quién será designado para tomar la decisión de apresarlo.
Opinión
En otra decisión, que a esta altura, pareciera exponer cierto corporativismo del sistema judicial en la región, pues resulta incomprensible que el abogado Mariano Vouilloz no esté cumpliendo con la pena imputada. El caso que cuenta ya con más de 60 audiencias, condena en un juicio de primera instancia y confirmatoria de segunda, sigue sin conclusión clara y el culpable sigue libre.
Si bien, “no están agotadas todas las instancias en las cuales Vouilloz se puede defender” – dice la defensa en los medios – (y tienen razón, aún le quedan mas instancias donde apelar hasta llegar a la Corte Suprema o la propia Haya, tal vez), varios años más pueden pasar, donde la víctima, Luciana Casali, continuará con custodia policial. El victimario, sin embargo, condenado por golpearla hasta casi matarla, sigue sin mayor restricción que el no ingresar a la ciudad donde vive Luciana, Villa Ocampo.
Nos encontramos el mismo viernes en Villa Ocampo, con Elvio Casali, padre de Luciana, justo le habían dado ésta noticia, -“No sé que le voy a decir a Luciana”- dijo, y agachó la cabeza. Estuvimos juntos el día anterior, en Reconquista, en Tribunales cuando se realizó dicha audiencia. Un rato antes habían condenado a 12 años a Mauricio Suligoy, por golpear hasta casi matar a su novia, Macarena Ardit, en otro caso de intento de femicidio. Se había hecho justicia, aunque se esperaban más años y pareciera un mensaje positivo y esperanzador para el caso Casali.
Sin embargo, no lo fue. El caso Casali no es contra un sujeto “común”, contra “un ciudadano más”, es contra un abogado. Y aunque, ante la ley, al menos en nuestro principio fundador, todos somos iguales, observamos que, en la práctica, existen marcadas diferencias no sólo entre clases, ricos y pobres, sino también entre castas de profesionales y trabajadores (obreros). Lógico es que, cuanto mayor es el poder de o el poder sobre los demás, más herméticas y sobre protectoras se vuelven las “castas”. Es decir, se protegen a sí mismas.
En ese sentido, el caso de Macarena se resolvió apropiadamente por estas razones, de manera justa y en tiempo hábil, como lo dictaminó el tribunal que juzgó a Mauricio Suligoy y como ya lo expresamos. No había allí un conflicto de castas con poder. No se trata de decir que porque Macarena pertenezca a una clase social “rica”, haya pagado a los jueces y demás para que sea “favorecida” penalmente, no hablamos de corrupción. Lo que tratamos de decir es que sólo por el hecho de pertenecer a la misma clase social que los abogados y jueces, se hizo justicia.
Nosotros no juzgamos los casos. No decimos que un juez actuó bien o mal, relatamos hechos, y sólo marcamos el parecido de dos casos en los cuales uno de los condenados salió esposado y el otro sigue suelto. Y tratamos de entender ¿por qué? Y el qué nos dice: el que sigue suelto es un abogado.
Las pequeñas y grandes hipocresías están en todos lados, bien como el preferencialismo, o corporativismo; pueden ocurrir en todas las profesiones, en todas las familias, en toda la sociedad, por eso y para eso existe el poder judicial. Para protegernos a nosotros del poder de los demás, para protegernos a todos.
El sistema judicial no puede y no debe actuar jamás como una casta.
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