El cupo laboral trans es ley

Se aprobó ayer en la Cámara de Senadores, con 55 votos afirmativos, 1 negativo y 6 abstenciones, la ley de “Promoción del Acceso al Empleo Formal para Personas Travestis, Transexuales y Transgénero ‘Diana Sacayán – Lohana Berkins’”.

La ley establece que los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial; los organismos descentralizados, las empresas del Estado, las sociedades del Estado, entre otros, tienen la obligación de ocupar en puestos de trabajo a personas trans en una proporción no inferior al 1% de la totalidad del personal.

Tras años de reclamos del movimiento LGTBTIQ+, se logra esta medida que busca dar respuesta a la exclusión laboral que atraviesan las personas trans producto de la discriminación.

Las estadísticas dicen que “en Argentina, el 73% de esa población no tiene acceso a la educación básica, el 98 por ciento no tiene un trabajo formal y registrado y el 80% se encuentra en situación de prostitución como única alternativa para sobrevivir”. Este es el motivo por el que hace años el movimiento LGBTIQ+ exige el cupo laboral trans en movilizaciones como una medida elemental y urgente. Los datos que se conocen surgen a partir de relevos de organizaciones sociales dado que el Estado no lleva registros.

Podrán acceder a este derecho “las personas trans mayores de 18 años”, sin importar si accedieron al cambio registral en el DNI. La ley también establece que la autoridad de aplicación debe “arbitrar los medios para garantizar la formación educativa obligatoria y la capacitación de las personas travestis, transexuales y transgenero con el fin de adecuar su situación a los requisitos formales para el puesto de trabajo”.

Al mismo tiempo dispone que a la hora de acceder a un puesto “no podrán ser valorados los antecedentes contravencionales”, ni tampoco “los antecedentes penales de las/os postulantes, que resulten irrelevantes para el acceso al puesto laboral”. Un punto relevante debido al hostigamiento y acoso sistemáticos por parte de las fuerzas represivas que arman causas judiciales.

Fuente: La izquierda diario