Las empresas exportadoras del agro eluden miles de millones de dólares de impuestos vía Uruguay. Así lo confirma, con números precisos, una investigación de Alejandro Gaggero y Gustavo Zanotti. La maniobra, que desfinancia al Estado, involucra a las compañías Cargill, Bunge, Nidera, Cofco, ADM, Monsanto, Viterra, Syngenta, Vicentin, Molinos, Aceitera General Deheza (AGD), Adecoagro y ACA. Por Nahuel Lag (Agencia Tierra Viva)
Ruta de la soja para exportaciónes- Empresas cáscaras operan desde Uruguay para no pagar impuestos.
“El sector que más divisas ingresa al país: casi el 50 por ciento del total de sus exportaciones”, sostiene —escrito en inglés— el Centro de Exportadores de Cereales en su página web. El dato privado se puede contrastar con el último informe de Comercio Exterior del Indec: en agosto pasado, la exportación de productos primarios y las de manufacturas de origen agropecuario representaron el 60 por ciento del total, con gran protagonismo de granos, aceites y harinas. Pero ¿las ganancias de esas exportaciones quedan todas en la Argentina? En el informe “Cruzar fronteras para cosechar ganancias”, los investigadores del Conicet Alejandro Gaggero y Gustavo Zanotti estudiaron los datos contables de una docena de empresas cerealeras y aceiteras, nacionales y multinacionales, que tienen empresas en Uruguay, donde declararon ganancias por 3.954 millones de dólares entre 2017 y 2021, por producciones que no tocaron suelo uruguayo. En el caso de las firmas uruguayas pertenecientes a empresas argentinas del agronegocio, el 40 por ciento del total de su facturación lo hicieron en el país vecino.
¿Cómo eluden impuestos las empresas del agronegocio argentino? Es la pregunta que guía el informe de Gaggero y Zanotti. La respuesta: las firmas del agronegocio tienen radicadas en Uruguay “empresas cáscara”, firmas que no tienen actividad productiva y cuyo único objetivo es comercializar desde suelo uruguayo gran parte de lo producido en otros países —Argentina y Brasil, en el caso de las estudiadas—, para aprovechar los beneficios de un régimen impositivo especial que reduce los impuestos por ganancias a menos del uno por ciento.
“Cabe destacar que las ventas de las empresas uruguayas en realidad son una ficción contable y en los hechos las mercaderías de ningún modo zarpan del puerto uruguayo”, subrayan los investigadores y advierten cuál es el beneficio fiscal que los impulsa a crear esas empresas: “En 2021, las firmas del agronegocio destinaron solo dos por ciento de sus ganancias brutas al pago de todo tipo impuestos”.
¿Cómo es la operatoria? Las firmas uruguayas adquieren la producción de sus contrapartes radicadas en Argentina, la empresa productora en Argentina vende a las respectivas empresas cáscara de Uruguay a precios menores al precio de mercado y, posteriormente, estas últimas comercializan la producción con compañías extranjeras. El pago de retenciones a la exportación se sigue cobrando en el país, lo que se busca evadir es, principalmente, el pago del impuesto a las ganancias.
Las empresas estudiadas —analizando las ganancias declaradas en Argentina, donde tienen producción; y las ganancias declaradas en Uruguay, donde hay poco más que una dirección fiscal— son las multinacionales Cargill, Bunge, Nidera, Cofco, ADM, Monsanto, Viterra y Syngenta; y las empresas de capitales argentinos Vicentin, Molinos, Aceitera General Deheza (AGD), Adecoagro y la Asociación de Cooperativas Argentina (ACA), que en tierras uruguayas está registrada con el nombre de Fisway SA, a diferencia del resto que mantienen su nombre original o parte de él en la “empresa cáscara”. La mayoría de ellas integrantes del Centro de Exportadores de Cereales, organización que impulsa una Ley Agroindustrial, con el objetivo incesante de pagar menos impuestos. El oficialismo la respaldó y la oposición también, pero aún no pasó el debate de comisiones.
Uno, dos, tres, diez Vincentines
“Hicimos este estudio porque habíamos hecho un trabajo anterior sobre Vicentin y la estructura que tenía como grupo empresarial, en la que había una empresa muy importante que era su filial en Uruguay, con un rol contable y no productivo. La filial uruguaya era utilizada para comercializar buena parte de lo que exportaba, pero además las empresas argentinas estaban en manos de un holding formado en Uruguay. El caso de Vicentin deja muy claro los problemas que le generan al Estado argentino estas empresas con estructura internacionalizada”, reseña Gaggero, en diálogo con Tierra Viva, sobre la punta del ovillo que los llevó a investigar la ingeniería fiscal de las cerealeras.
El caso de Vicentin volvió a la agenda en las últimas semanas debido a que el juez civil y comercial N°2 de la ciudad de Reconquista, Fabián Lorenzini, declaró abierto el periodo de concurrencia, tras un extenso proceso de concurso de acreedores abierto en febrero de 2020. Sin embargo, la Cámara de Apelaciones volvió a fallar a favor de la empresa del agronegocio y revirtió la decisión dándole más tiempo para negociar su deuda. La empresa declaró su estado de cesación de pagos por una deuda de 1.300 millones de dólares en 2019, a pesar de haber liderado los rankings de exportaciones y haber recibido créditos millonarios por parte del Banco Nación durante el gobierno de Mauricio Macri.
El proceso involucra un vaciamiento de la empresa hacia Vicentin Family Group, al otro lado del Río de La Plata. En paralelo al proceso de quiebra, en el que los acreedores van desde el Banco Nación —con el que Vicentin tiene una de deuda de 300 millones de dólares— hasta productores chacareros, doce integrantes del directorio de la empresa local fueron imputados por asociación ilícita y estafas.
El informe de Gaggero y Zanotti da cuenta de que el caso de Vicentin no es una excepción sino una regla y ocurre desde principios de siglo. De acuerdo a información obtenida del Boletín Oficial de Uruguay, las “empresas cáscara” estudiadas comenzaron a conformarse en 2000. Los investigadores enmarcan este entramado de abuso fiscal en un contexto global iniciado a mediados del siglo XX, cuando la producción de alimentos y derivados se dejó realizar de forma local, de la producción al consumo, para producirse un proceso de concentración económica dominado por grandes corporaciones multinacionales en una clara tendencia a “universalizar” los alimentos, entendiéndose por “agronegocio” un sector que se extiende a insumos biológicos destinados a diversos usos, incluyendo alimentos, forraje, biocombustibles y materias primas en otras industrias.
En el caso particular de la Argentina, Gaggero y Zanotti marcan que la expansión del agronegocio estuvo encabezada por grandes empresas multinacionales (Bunge, Cargill y Dreyfus) y ciertos grupos económicos locales (Vicentin y AGD), que estaban presentes en el país, pero crecieron de la mano de algunos hitos con el modelo económico instalado por la última dictadura cívico-militar como una modificación de la Ley de Granos y autorizó la construcción de puertos privados. Lo que le dio a las firmas de molienda una ventaja en sus costos de logística respecto a otros países de la región producto de la reducida distancia entre los puertos. En la década de 1990, en el gobierno de Carlos Menem, la sanción de la ley de actividades portuarias afianzó el modelo privado. Esa decisión fue acompañada por la aprobación de la soja transgénica, en 1996, lo que cambió el modelo agropecuario argentino.
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