De Fedra a Antonella: la violencia machista y el rol del Estado

La garantía de ¿justicia? en las redes sociales.

El pasado fin de semana, la red social de Facebook fue elegida por dos mujeres que decidieron exponer una situación de violencia con sus respectivas parejas y  ex parejas.

El primero y  más difundido – incluso a nivel nacional- es el de Fedra Feresín, de 28 años, una personal trainer reconocida en la ciudad, quien estaba en pareja con Nicolás Cosme, un asesor de seguros y  de quien ella refiere el ataque brutal en la madrugada del sábado 17/09.

La otra es Antonella Benitez de la localidad de Villa Ocampo, de 24 años, quien declaró que su ex pareja Fabián (cuyo apellido no trascendió) y padre de un niño pequeño, la golpeó tras una discusión por temas referidos a una salida con la criatura. En uno de los posteos, Antonella mencionó que en el lamentable episodio, la rescataron un par de mujeres mientras que otros hombres miraban la escena sin intervenir.

Ambas, más allá de las denuncias realizadas en la Comisaría de la mujer y en el #911, más  los trámites legales, decidieron exponer sus casos en la red social de Facebook, con todas las derivaciones que significa tal exposición. En cuatro días fueron centro de un escarnio social,  que incluía su procedencia o pasado íntimo con otras parejas (sobre todo en el caso de Feresín) sugiriendo todo tipo de argumentos para colocarlas a ellas como responsables de esa situación.

Excusados en anonimatos, muchos usuarios/as han formado fila para atacar a las denunciantes.

 La doble humillación de las víctimas

La actuación del fiscal Rodrigo González, quien procedió a la liberación de Cosme en pocas horas, en base al informe policial que detallaba “lesiones leves agravadas por el vínculo” en Fedra, generó tal repudio social  que obligó a citar nuevamente a la víctima y someterla a todo tipo de estudios para constatar esas lesiones. Hoy propone un acuerdo de juicio breve y reparación económica, a lo que Fedra se negó.

En el caso de Benítez, la causa está caratulada como “lesiones leves calificadas”, y su agresor no estuvo detenido. Mientras tanto se ha dispuesto de una medida de restricción, para preservarla.

La causa radica en el Ministerio Público Fiscal – Unidad Fiscal Las Toscas, a cargo de Juan Carlos Koguc, conocido en la localidad por haber defendido a agresores de mujeres, antes de ser fiscal. Entre ellos, estuvo el abogado Mariano Vouilloz, sentenciado a 11 años de prisión efectiva por el intento de femicidio de Luciana Casali, su ex pareja.

Un pedido urgente

En noviembre de 2016 en el marco del Día Internacional de Lucha contra la Violencia hacia la mujer, y en junio de 2017 familiares víctimas de impunidad, mujeres independientes y el Plenario de Trabajadoras, presentaron un petitorio al entonces Fiscal General Eladio García; y a Jorge Baclini, respectivamente. En él, se desarrollaba una serie de medidas transitorias concretas para atender los casos de violencia. Las respuestas nunca llegaron, está a las claras.

Por supuesto que nuestras demandas son mucho más integrales: el cese de la precariedad laboral, la asistencia integral,  las viviendas y el salario igual a la canasta básica familiar, el aborto legal, la independencia entre Iglesia y Estado. Y en lo que a Justicia respecta, luchar por  la elección de jueces y fiscales dedicados a la cuestión de género.

Una salida de conjunto – desde las mujeres- a la crisis generada por un Estado capitalista.

Algunas conclusiones

¿Por qué las víctimas de violencia eligen las redes sociales como forma de denuncia? Ellas mismas lo expresan: hay un “hartazgo”. Pero una razón es la  falta de respuestas de sectores judiciales y policiales que no se adecúan a la normativa argentina de protección a las mujeres en nuestro país y que no ofrecen garantías en la preservación de su  vida. Algo totalmente  esperable dentro de las  lógicas del sistema actual que es funcional a un régimen social de explotación.

En los casos mencionados aquí, también se vieron manifestaciones de solidaridad, de mujeres y varones, cada vez más de estos últimos, que interpelan a sus propios congéneres y desafían a las masculinidades.

Es cada vez más claro que la  violencia hacia la mujer, debe abordarse como un problema social  y no un problema psicológico de quien perpetra la violencia – sin quitarle su responsabilidad-  y que como problemática, expresa  un factor de poder amparado por el mismo Estado.

La doble humillación de las víctimas de violencia, se evidencia en el deambular por distintos organismos que trabajan sin articulación, dejándolas al desamparo: las numerosas audiencias y declaraciones, los protocolos de exámenes médicos, la toma de denuncia en espacios que no reconfortan en esas situaciones. Y también en el hecho de verse casi obligadas a exponer  sus cuerpos vulnerados y violentados, en redes sociales. Hay casos comprobados en donde más  de una mujer salvó su vida con esta modalidad,  por haber  señalado a sus agresores.

En definitiva, una suerte de declaración pública de sus desgracias para protegerse. O peor: para que les crean.

Este escenario actual que atraviesa la justicia santafesina, deja al desnudo el problema político de una provincia que se vanagloria con una reforma judicial moderna y progresista, pero que no ofrece ninguna resolución favorable a las víctimas, siendo una de las provincias cabeceras del triste ranking de Femicidios en el país.

Desde antes del 3 de junio de 2015 – el del primer #NiUnaMenos- con CFK en el gobierno, se da la espalda a las demandas del movimiento de mujeres. Y a nivel nacional con el gobierno de Macri, aún teniendo a una feminista como Fabiana Tuñez al frente del ahora Instituto Nacional de la Mujer (antes Consejo Nacional) el panorama no mejora, ya que se cancela presupuesto y otros recursos para abordar el problema.

Por eso debemos continuar nuestro paso adelante, sin traspiés, movilizadas para levantar un movimiento de Mujeres también en el norte de Santa Fe, independiente del Estado y sus organismos.

Volvamos a las calles, muchachas. 

Por Eliana Ibarra  –Docente, periodista.