LA TIERRA ES DE LA COMUNIDAD POR LEY Y POR HISTORIA

El desalojo de la comunidad no tenía orden judicial, o sea fue ilegal.

Como publicáramos en estos días, la comunidad Qom de Las Toscas fue desalojada, sin previo aviso, de un predio donde se encontraban viviendo familias con niñas y niños, destruidas sus precarias viviendas, retenidas sus pertenencias. Un verdadero atropello a la dignidad, que esta vez les toca vivir a los hermanos de Las Toscas, provincia de Santa Fe, pero que se repite a diario en el gran territorio argentino, (alguna vez respetado, cuidado, protegido por los pueblos originarios y hoy explotados, ultrajados por los diferentes gobiernos al servicio del capital privado y oscuros intereses).

El conflicto data del año 2016 cuando un grupo de familias deciden recuperar sus tierras ancestrales, tierras en las que previamente se realizaron estudios antropológicos a cargo de la Lic. Agustina Pascuali, donde se encontraron restos óseos de la comunidad, vasijas y otros elementos que demostraron que ese lugar antes de ser “municipal” perteneció a un asentamiento de la comunidad Qom.

Ante esta recuperación, el Intendente de la localidad realiza una denuncia penal contra la comunidad por “usurpación” y en especial, comienza una persecución contra su referente, Darío Pereyra. Dicha denuncia fue desestimada por la jueza de la causa al considerar que no existía delito apoyada en estudios antropológicos, leyes provinciales y nacionales.

Ante este escenario Darío, referente de su comunidad, se comunica con el Consejo Consultivo y Participativo de los pueblos Indígenas (Abogado Juan Gómez) quien ya estaba avisado de la situación desde el día lunes, cuando ocurrió el desalojo, él le aconsejo realice la denuncia en la policía, pero la policía local se niega a tomarla en un primer momento, luego de tratativas acceden, pero no quieren entregarle una copia, después Darío se dirigió a fiscalía para averiguar en qué situación se encontraba la causa, y resulta que no estaban enterados, es decir el desalojo fue totalmente ilegal.

Ante esto el abogado le indica a Darío que tome posesión del lugar, al ingresar inmediatamente se hace presente la policía y es detenido con testigos, casualmente empleados municipales, sin orden y sin causa, nuevamente de manera ilegal lo llevan detenido. Intervinieron abogados y demás organizaciones representantes de los pueblos originarios con el INAI (instituto Nacional de Asuntos Indígenas) y con el Ministerio de Justicia Área de Violencia Institucional para pedir la inmediata libertad de Darío, que se logró el pasado viernes alrededor de las 19hs, y a su vez denunciar a los responsables.

Nuestro repudio a este accionar del gobierno y solidaridad con los pueblos que resisten y luchan nada más y nada menos que por sus derechos.