Los femicidios cometidos por policías exigen políticas específicas

Los femicidios cometidos por policías exigen políticas específicas

La persistencia de las muertes ocasionadas por policías que están fuera de servicio requiere poner en discusión al estado policial. Los numerosos casos en los que las víctimas son mujeres muestran que es necesario implementar políticas específicas que reviertan este problema.

Nota de El Centro de Estudios Legales y sociales (CELS)

En los últimos días, dos mujeres murieron, en la provincia de Buenos Aires, por acción de funcionarios de la Policía de la Ciudad, creada hace pocos meses. El 8 de junio, en Glew, el agente Edgar Yedro Ocampo, de la División Operaciones Urbanas de Contención de Actividades Deportivas (DOUCAD), le disparó en el pecho a Lorena Albarracín luego de una discusión con el hijo de ella. Lorena murió en el hospital y, según información periodística, Yedro Ocampo está siendo investigado por homicidio. Sólo tres días después, en Ingeniero Budge, el cabo de la Comisaría 38° Patricio Quierolo le disparó en la cabeza a su ex pareja, Ana Romero quien falleció antes de poder recibir atención médica. Contra Quierolo se instruye una causa en la Unidad Funcional 2 de Lomas de Zamora. Las dos mujeres fueron asesinadas con las armas reglamentarias de los funcionarios policiales.

Según los datos recopilados por el CELS, en los últimos veinte años casi 500 mujeres fueron muertas, torturadas o heridas en el marco de hechos que involucraron uso particular de la fuerza por parte de funcionarios de las fuerzas de seguridad. Sólo en el ámbito de la Capital Federal y Conurbano bonaerense casi la mitad de las 169 mujeres fallecidas entre 1996 y 2016 murieron por esta causa. Prácticamente la totalidad de estos hechos ocurrieron cuando el efectivo se encontraba fuera de servicio, muchas veces debido a la presencia de un arma de fuego portada por el funcionario fuera de su horario laboral sumada a normas y costumbres que hacen a la relación de los policías con el arma y en general con la violencia. Esto constituye la situación más significativa de vulneración de derechos de las mujeres dentro del universo de la violencia institucional.

Diversos factores sociales y culturales se articulan para habilitar y reproducir prácticas policiales violentas hacia las mujeres. Estos episodios, lejos de ser aislados, manifiestan diversos problemas estructurales que atraviesan a las fuerzas de seguridad en la Argentina. Las muertes y lesiones ocasionadas por un uso particular de la fuerza resultan de conflictos personales en los que el funcionario defiende intereses particulares haciendo uso habilidades y armas que su profesión le confiere pero por motivos que no guardan relación con su función. Este tipo de uso de la fuerza policial tiene un fuerte impacto en hechos de violencia de género en los hogares de policías, muchos de estos conflictos terminan en la muerte de algún integrante como ocurrió en el caso de Ana Romero. También son frecuentes las acciones letales de policías en conflictos privados, como peleas entre vecinos; tal es el caso de Lorena Albarracín.

La Ley N° 5688 del Sistema Integral de Seguridad Pública en la Ciudad de Buenos Aires promueve la modificación de los patrones socioculturales estereotipados con el objeto de eliminar prácticas discriminatorias dentro de la Policía de la Ciudad, sean éstas basadas en la superioridad de género, orientación sexual o identidad de género. Además, el Protocolo de Actuación sobre violencia familiar establece que cuando un funcionario se encuentra imputado en un hecho de este tipo la Unidad Control de Desempeño Profesional es responsable de iniciar las actuaciones administrativas correspondientes. Sin embargo, la nueva Policía de la Ciudad reproduce prácticas de violencia institucional largamente arraigadas en la cultura policial.

Es importante que avancen las investigaciones judiciales y administrativas de estos casos, pero también que se ponga en discusión el uso de la fuerza y la letalidad policial fuera de servicio. Este debate debe ser parte del gobierno de las policías. Para ello es necesario que las autoridades políticas reconozcan que el uso de armas de fuego en estos contextos no es un problema privado de los policías, sino que debe ser abordado institucionalmente, por acciones que no sean meramente declarativas. Entre estas medidas, el Estado debe generar registros cuali y cuantitativos que permitan conocer las características específicas de este fenómeno para diseñar e implementar políticas efectivas. Es preciso también que se revisen a fondo las prácticas de los funcionarios de seguridad, así como las políticas sobre la portación de armas fuera del horario de trabajo, puesto que el estado policial es contrario a cualquier política pública que intente reducir el número de muertes y lesiones que involucren a funcionarios policiales.

Fuente: http://www.cels.org.ar/web/2017/06/10180/

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