agosto 08, 2022
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¿Un nuevo sentido emerge? [Políticas sociales en el escenario actual]

En la previa de las PASO de agosto, a propósito de la polémica suscitada por el intercambio verbal entre María Eugenia Vidal y el periodista Brancatelli, quien esto escribe se sintió sorprendida al mirar el video en el sitio de La Nación, cuando la gobernadora a propósito de la situación de su provincia le preguntaba retóricamente, en un estudiado monólogo, que nombrara al menos una oficina que estuviera instalada en un barrio del conurbano para atender a los pobres. Podría haber dicho a los ciudadanos o, más PRO, los vecinos,  pero eligió nominar como pobres  a quienes  a diario pueblan las dependencias oficiales para recibir un servicio.

 

Lo cierto es que esa pieza audiovisual sirvió de disparador para seguir reflexionando acerca de uno de los temas, más allá del interés personal, centrales de las políticas públicas: cuestionarse, en el afán de promover la profundización de los procesos, acerca de los sentidos de las intervenciones sociales y dentro de éstos analizar  qué sujetos se buscan constituir. En el momento actual dentro de un cambio de orientación política que ya lleva veintidós meses, uno estaría tentado, preguntándose por los sujetos, a tener  una lectura simplista sosteniendo que prima una concepción estigmatizante de los sectores populares o, sostener sin mirar los datos que el nuevo ciclo inaugurado en Argentina vendría a desmantelar las transferencias de ingresos a las capas más desfavorecidas de la población. Una lectura sesgada del escenario no conduce a poder dar cuenta de la  complejidad y sus matices.

La política social no puede ser pensada si no es como parte de un conjunto más amplio que abarca a los sistemas económicos y políticos, generando una coherencia en los paradigmas que se esgrimen en uno y otro campo. Dicho de otro modo, las relaciones sociales que promueven las intervenciones que vayan a abordar la cuestión se condicen con determinados modelos económicos y de pensamiento donde los sujetos son pensados desde distintas ópticas. Si durante el ciclo kirchnerista el horizonte de máxima había sido el empleo decente como vía de reparación de derechos a la situación de exclusión en que se encontraban varios sectores de la población producto de los procesos de desindustrialización y expulsión de mano de obra durante la última parte del siglo veinte, cabe entonces por preguntarse qué orientación de política ha comenzado a diseñarse en este nuevo período, indagando acerca de qué sujetos se construyen.

No escapa a nadie que cada cambio de gobierno implica modificaciones en la orientación de las políticas que pueden implicar no sólo las transferencias monetarias sino también un giro en los sentidos de las mismas. Sin embargo, lo cierto es que si observamos la materialidad de ciertas prestaciones, por ejemplo la estructura troncal de la política social del 2009 a esta parte, es decir la AUH (Asignación por Hijo), el gobierno actual no sólo mantuvo la misma sino que amplió su cobertura incluyendo a monotributistas. Si bien éste constituye un hecho reclamado desde varios sectores, genera un interrogante pues los hijos de los monotributistas se incluyen dentro de una categoría distinta ingresando al sistema por el componente contributivo, creando así si no un cambio al menos un nuevo sentido de la asignación.

Esta última consideración constituye a prima facie una diferenciación en el universo de las asignaciones que los niños y niñas perciben, introduciendo nuevas categorías que compartimentan las prestaciones, quedando para un análisis más pormenorizado si esto se convertirá en una tendencia que avance sobre la universalización, característica desde la  concepción de su implementación. Más aún, no es sólo esa modificación, sino también que nos encontramos ante diferentes luces amarillas que nos advierten sobre la aparición de nuevos requisitos en la implementación de las prestaciones sociales, como ha ocurrido con otros beneficios en estos últimos meses, por los que los sujetos se vean cada vez más compelidos a comprobar su situación de pobreza para poder acceder al sistema. El caso de la tarifa social con las diferentes categorizaciones que presenta ilustra esta concepción de constante autovalerse de los destinatarios para poder acceder al derecho. Sería interesante interpelarnos acerca de si la base social que sustenta al modelo actual se caracteriza, en términos generales, por una mirada que promueve un freno a las demandas, que venían teniendo lugar luego de la crisis del 2001, de institucionalizar derechos adquiridos por parte de organizaciones y ciudadanos. La sociedad actual ha sufrido grandes transformaciones estructurales, que superan los últimos quince años, acentuando en parte las modalidades del emprendedorismo en detrimento de la relación salarial, más allá de que las actividades económicas cuentapropistas han sido parte del proceso para salir de la crisis, siempre desde los reclamos sociales se tendió a superar la  visión de que la responsabilidad individual fuera la principal respuesta, por parte del Estado, a las demandas de atención de las desigualdades.

Otro punto no menor a analizar es que si tomamos en cuenta que quiénes cobran la AUH son, en su gran mayoría, mujeres que han transitado  anteriormente por otros planes sociales hasta llegar al 2009 a contar con un ingreso que se iría actualizando, más allá de otros recursos del hogar. Experiencias previas que les conferían un conocimiento que han ido poniendo en práctica no sólo como organizadoras de la reproducción diaria sino que a través de esos aportes monetarios fueron capaces de construir un horizonte aspiracional y de acceso al sistema educativo y de salud, (reconociendo que queda mucho por hacer en cuanto a educación y empleo para transformar las condiciones de oportunidades de los sectores más desfavorecidos).  Un consenso, decíamos, que entendía que en esa reparación de ingresos había un plus: sujetos que son pensados desde la política y se piensan a sí mismos desde otro lugar, ejerciendo un derecho y no desde la ayuda que se focaliza a través de un puntero político. En este punto podemos concluir que no obstante reconocer la permanencia del sistema de AUH por parte del gobierno, nos preocupa que se pueda avanzar en cambios que signifiquen retrocesos en los sentidos que dieron lugar a estas prestaciones. Sería volver atrás, insistir con intervenciones de política social cuyas representaciones cristalizan relaciones caducas y que por otra parte ya habían sido puestas en cuestión desde lo discursivo por no ser capaces de construir espacios democráticos. El debate, si bien amplio, debe permitirnos superar discusiones y servirnos para seguir pensando en cómo empujar hacia adelante en la materialización de instituciones sociales que conciban a ciudadanos desde un enfoque de derechos con un sentido amplio de acceso y prestación de los servicios.

Por Paola A. Vazzano

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