Pandemia de lo inmoral

Pandemia de lo inmoral

Por éstos días que corren, dónde se empieza a agudizar el grave problema de la propagación del covid-19 en el departamento General Obligado (anteayer se confirmaron cuatro nuevos casos en Villa Ocampo y el primero en Reconquista, que para colmo de males, es de una médica), pareciera ser que algunos ven una excelente oportunidad para realizar negocios en la esfera de la salud pública. El día miércoles, se decidió a través del Consejo de Administración del Hospital Reconquista, integrado por el director del hospital, la representante del estado provincial, el representante de los profesionales, la representante de los No Profesionales, la representante de la Cooperadora y la representante de la comunidad (ésta última con voto disidente), que la Asociación Médica, una corporación que defiende intereses económicos privados, se haga cargo de la facturación del hospital público, incluyendo las internaciones.

Para comenzar, creo que debemos analizar el funcionamiento del sistema de salud del norte santafesino, diciendo que es paupérrimo, realmente muy malo, deficitario en cuánto a la calidad de las prestaciones y la capacidad de los profesionales médicos, prueba de ello, es el hecho de que cada vez mas personas deban movilizarse hacia ciudades como Santa Fe o Rosario para realizar desde una consulta médica hasta un tratamiento mas complejo, debido al descrédito generalizado que hay en la población, ya sea por los malos diagnósticos, a veces la desidia, los pésimos resultados de las operaciones quirúrgicas o la falta de equipamiento tecnológico adecuado para abordar los problemas de salud. En la parte privada, además, se agregan los altísimos costos que se cobran en materia de sobreprecios en negro a los afiliados de las obras sociales (llamados coquetamente “plus médico”, y que configuran ilícitos tanto en materia fiscal como en lo que concierne a la violación de la ley 13731 que afecta directamente a los pacientes).

Expuesta la actual situación que se presenta en el primer párrafo, en cuánto a la tercerización de la gestión administrativa del hospital público a manos de una corporación cuyo directorio pareciera presentarse siempre de forma antagónica a los intereses de la comunidad en lo relacionado  a poder acceder al derecho humano fundamental que es la salud, consagrado en el artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ya que a sabiendas que sus “asociados “defraudan al estado evadiendo impuestos al no emitir facturas por las prestaciones médicas realizadas tanto en clínicas como consultorios privados (impuestos del 21 por ciento del total facturado, que se podría volcar al mejoramiento del sistema de salud pública, traducido en la compra de insumos médicos, de equipamiento necesario, etc) no se digna a corregir ésta conducta deshonrosa, que de ninguna manera se condice con el espíritu de tal noble profesión, puesto que dicha gremial percibe un importante porcentaje de los haberes en blanco facturados a las obras sociales por parte de sus “asociados”, ésto permitiría a sus adherentes perpetuar dichas conductas lesivas al patrimonio de sus pacientes. Dicho ésto, no hay que ser muy lúcido para descifrar que claramente, al directorio de ésta corporación que nuclea intereses privados, no le conviene para nada el buen funcionamiento de un efector de salud público porque les quitaría parte de sus ingresos económicos. Es en éste contexto, en el cuál la comunidad, los pacientes, víctimas anónimas, diarias, de un perverso entramado del sistema de salud, ven avanzar peligrosamente la injerencia del sector privado sobre la esfera de la salud pública.

 

Frente Gremial Médica

 

Todo lo enunciado precedentemente no podría ser concretado sin el aval de la clase política, que permite que ésto suceda, y que pareciera no importarle en lo mas mínimo la salud de la población. Sobradas pruebas al respecto existen, desde el gobernador de la provincia, que no destina los fondos suficientes para financiar el sistema de salud pública y hacerlo mas eficaz en cuánto a capacitación y un mayor número de personal como de insumos médicos, pasando por el intendente y la máxima autoridad política del departamento de General Obligado, su senador, quiénes en todos éstos años en la gestión pública no se han preocupado, por ejemplo, de implementar algo tan esencial como lo es una guardia pediátrica de veinticuatro horas para nuestros niños, algo tan básico como éso.

Finalmente, cabe decir a título de opinión personal, que claramente se ve un interés de privatización de la salud pública (con las medidas que se están tomando, se va en ésa dirección) restringiendo el acceso a la misma, haciendo de ella el negocio de unos pocos, cuya exacerbada vocación mercantilista deshumaniza por completo el ejercicio y la vocación inherentes a tal digna profesión, consistente en tratar de curar y salvar vidas. Para quiénes operan desde las sombras queriendo hacer de la salud un comercio redituable en términos económicos, desprovisto de toda ética, se les desea un pronto destierro en Siberia.

Por Gonzalo Argañaraz

 

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