marzo 28, 2024
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Poca memoria, verdades ocultas y falta de justicia

El pasado miércoles 24 de marzo se conmemoró el 45 aniversario del macabro y siniestro golpe institucional cívico-militar, que terminó con la salida de María Estela Martínez de Perón del gobierno nacional, dando paso a uno de los períodos mas oscuros de nuestra historia como país.

Luego del exterminio aborigen a lo largo y ancho del territorio, propulsado entre otros por genocidas de la talla de Nicolás Avellaneda y Julio Argentino Roca, el genocidio, los secuestros y las torturas sufridas por miles de argentinos durante el último gobierno de facto configura un vergonzoso y lamentable período de terror en nuestra joven nación.

En primer lugar debe mencionarse como la principal causa del inicio del terrorismo de estado (que no comenzó con el golpe de marzo de 1976 sino con la triple A operando durante el gobierno peronista y con el aval de sus principales líderes y que tuvo como uno de sus precursores a López Rega, quién fuera nada menos que Ministro de Desarrollo Social de Perón) el avasallamiento de los derechos laborales, conquistados por la clase trabajadora, a través de la organización gremial dentro de las fábricas. El objetivo principal del golpe fue bien claro, la eliminación sistemática de los derechos de los obreros, acabar con su capacidad de organización y la concentración de la riqueza en pocas manos. Es en ése sentido, que en ésta oportunidad, quiero hacer mención (sin quitarle por supuesto responsabilidad a las bestias ejecutoras del plan) a la responsabilidad civil que tuvo el sector empresario, jugando un papel preponderante, protagónico en la consumación del golpe institucional. Hay sobrados ejemplos de ésta asociación ilícita entre empresarios y miembros de las fuerzas de seguridad del estado en ese momento, por ejemplo, la que cita el periodista e historiador Carlos del Frade sobre la reunión mantenida en la Bolsa de Comercio de Rosario en octubre de 1977 entre el Representante de la Federación Gremial de la Industria y Comercio de Rosario, José Luis Pinasco y Ramón Genaro Díaz Bessone, quién había sido el arquitecto de la burocracia del terrorismo de estado en el Segundo Cuerpo de Ejército, con sede en Rosario y jurisdicción sobre las provincias de Santa Fe, Chaco, Formosa, Misiones, Corrientes y Entre Ríos. Desde el 8 de septiembre de 1975 al 12 de octubre 1976 fue su comandante hasta que fue reemplazado por Leopoldo Fortunato Galtieri. En dicha reunión, el militar afirmó…” los empresarios forman uno de los primeros sectores que constituyen la Nación día a día. Acaso por eso fueron uno de los blancos predilectos de la agresión criminal de las hordas marxistas. Por eso la responsabilidad moral es la otra gran vertiente de ésta eminente función social, y comienza dentro de la misma empresa. Allí los derechos ceden su lugar a los deberes.

Defender la empresa y la propiedad privada contra agresores de toda índole es el primer deber”, dejando así bien en claro cuál sería el rol de las fuerzas armadas durante el período que duró la dictadura. Así, fueron perseguidos, encarcelados, torturados y desaparecidos, incluso dentro de las fábricas, dentro de las empresas, como en el caso de Vicentín en el norte de la provincia de Santa Fe, según declaraciones de algunos sobrevivientes de la época (Cacho Zarza por ejemplo) un sin número de dirigentes gremiales y trabajadores que participaban y se reunían en Asambleas para reclamar por sus derechos laborales.

De ésta forma, un golpe institucional ideado por el sector empresario y la complicidad política de los partidos de la burguesía, vino a echar por tierra todas las conquistas obreras en materia de derechos laborales. El “disciplinamiento social” logrado mediante el terror, con las fuerzas de seguridad del estado como herramienta de control y dominio empresarial sobre los trabajadores había logrado su cometido, transformar a la masa productiva de nuestra sociedad en mercancía, con salarios de hambre y miseria, concentración de la riqueza en pocas manos, especulación financiera, vaciamiento de empresas y estatización de sus deudas privadas.

A 45 años del golpe cívico-militar, la poca memoria de una sociedad apática y poco participativa sigue facilitando que la matriz económica de la dictadura siga aún vigente en estos días con mas de 1627 leyes que no fueron derogadas, la ley de entidades financieras por ejemplo, que prioriza la especulación por encima de la producción, las importaciones a la diversificación del mercado interno y los bajos salarios para mantener altas tasas de rentabilidad. Hoy, los ideólogos del golpe de 1976, con su patrimonio incrementado exponencialmente en esa connivencia que tuvieron con los regentes del momento en el poder, las fuerzas armadas, debido a esa débil memoria del colectivo popular y la falta total de justicia sumada al blindaje mediático que les proporciona ser ellos mismos los dueños de los principales medios de comunicación del país, les asegura y les garantiza la impunidad suficiente para caminar libremente por las calles de nuestro país, y en éste norte santafesino tan desigual e injusto, a muchos de esos “empresarios” ideólogos y colaboracionistas del golpe de 1976 se los puede ver tomando café en pleno centro de Reconquista, y a sus hijos organizando y arengando marchas opositoras con la complicidad política de intendentes y senadores en plena época de pandemia, cada vez que un gobierno hace el amague de ir contra sus privilegios de clase, una clase parasitaria que se ha servido históricamente de golpes institucionales para el incremento y la acumulación de sus riquezas mal habidas, pagando salarios de hambre y miseria a sus empleados, como en el caso de Algodonera Avellaneda por ejemplo.

Por todo lo expuesto, es que resulta imperiosamente necesario, hacer hincapié en la responsabilidad civil de éstos “empresarios” y empezar a señalarlos y sacarlos a la luz, develando las verdades ocultas en un intento de toma de conciencia colectiva, para que algún día, quizás, en éste país podamos decir que los argentinos somos memoriosos, verdaderos y justos.

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