Rafaela: El Concejo pretende tratar un proyecto que frena los abortos no punibles.

Rafaela: El Concejo pretende tratar un proyecto que frena los abortos no punibles.

El grupo autodenominado “Rafaelinos por la vida” presentó un proyecto de ordenanza para
impedir que las mujeres puedan acceder a un aborto legal en la Ciudad de Rafaela, Provincia de
Santa Fe. El proyecto será tratado esta noche en el Concejo Municipal. Las organizaciones de
derechos humanos y defensa de los derechos y la salud de las mujeres, instamos al Concejo de
Rafaela a honrar la Constitución y rechazar este proyecto.

(19 de diciembre de 2018).- Desde ELA, CEDES, REDAAS, CELS, CDD, Mujeres X Mujeres, Amnistía
Internacional Argentina, FUNDEPS e INSGENAR rechazamos el “Proyecto de ordenanza de
protección integral de la mujer embarazada en situación de vulnerabilidad y del niño por nacer”
presentado por un grupo de oposición que será tratado hoy en el Concejo Municipal de la Ciudad
Rafaela, Santa Fe.

El proyecto desconoce nuestro ordenamiento jurídico de manera flagrante. Desde 1921, el aborto
está parcialmente despenalizado en Argentina en casos de peligro para la vida o la salud de la
mujer y en casos de embarazo producto de violación. En el fallo “F., A. L.”, la Corte Suprema de
Justicia de la Nación ha sostenido que las mujeres tienen derecho a interrumpir un embarazo en
estos casos y que el Estado (a nivel Nacional, Provincial y Municipal) tiene la obligación de
garantizarlo. Así, afirmó no solo que garantizar el acceso al aborto en los casos previstos en el
Código Penal es respetuoso de nuestro ordenamiento jurídico sino que, por el contrario, el Estado
(y sus funcionarios/as) incurren en responsabilidad si no se garantizan los mecanismos para
hacerlo.

En el caso “L.M.R. c. Argentina”, el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas encontró
al Estado argentino responsable por las violaciones a los derechos humanos de una joven al
negarle el acceso a un aborto legal y seguro. Por esta razón, resolvió que el Estado argentino tenía
la obligación de proporcionar a L.M.R. medidas de reparación que incluyan una indemnización
adecuada y de tomar medidas para evitar que se cometan violaciones similares en el futuro.
La iniciativa a tratarse en el día de la fecha evidencia un absoluto desconocimiento de las normas
que rigen tanto a nivel nacional como internacional. También supone ignorar de manera evidente
el principio republicano de gobierno y la jerarquía normativa que de él se desprende. Las
provincias o los municipios no pueden modificar los códigos penales y civiles como tampoco
pueden dictar normas en clara oposición a los mismos.

El Municipio de Rafaela no solo no puede prohibir el acceso a los abortos contemplados en
nuestras leyes sino que tampoco podría incluir requisitos médico-burocráticos para acceder a la
práctica, que operan como barreras de acceso. En el mencionado caso “F., A.L.”, nuestra Corte
Suprema sostuvo que las autoridades nacionales, provinciales y municipales deben remover todas
las barreras administrativas o fácticas para el acceso a los abortos legales. Así, deben evitar
procedimientos administrativos o períodos de espera que retrasen innecesariamente la atención y
eliminar requisitos que no estén médicamente indicados.

Por su parte, la provincia de Santa Fe adhirió al protocolo nacional a través de la Resolución
N°612/2012. Por lo tanto, de avanzar esta iniciativa, el municipio de Rafaela no solo desconocería
el ordenamiento jurídico nacional en materia de acceso a abortos legales sino también el
provincial.

Si bien proyectos como el presentado en Rafaela carecen de todo valor jurídico, repudiamos la
posibilidad de que los poderes del Estado convaliden el uso de estas estrategias por parte de
grupos de oposición a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Estas estrategias, que
buscan generar confusión en la población y restringir el ámbito de libertad de las mujeres, no
deben prosperar. Un intento similar fue desarticulado en la provincia de Tucumán en forma
reciente gracias al masivo apoyo de las organizaciones y referentes de derechos humanos y por la
igualdad de género*.

Estrategias como la intentada buscan confundir a la ciudadanía, retroceder 100 años en la garantía
de los derechos humanos y echar un manto de oscuridad sobre las normas que regulan el acceso
al aborto en Argentina. Todo el proceso de discusión legislativa sobre la modificación de la
regulación del aborto de este año expuso el marco legal vigente cuya aplicación defenderemos de
acuerdo con los estándares nacionales e internacionales. Sobre eso no habrá retrocesos.

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