Responsabilidad empresarial en delitos de Lesa Humanidad (1ra Parte)

Previo al golpe de Estado de 1976 existió una articulación entre sectores de poder de la Argentina. Fuerzas Armadas y un sector importante de empresarios nacionales y extranjeros convergieron en un plan de exterminio y liquidación de la industria. ©Por Alejandro Córdoba.

La etapa de 1975-1983 se caracterizó por un esquema de represión nunca antes practicado con el objeto de lograr transformaciones económicas y sociales que incluyeron un profundo endeudamiento externo, fuga de capitales, reestructuración industrial, trasferencias de recursos del Estado al sector privado y ejecución de políticas regresivas en lo laboral cuyas consecuencias aún persisten.

Para eso fue necesario acabar con el alto nivel organizativo y de conciencia de trabajadores de diferentes especialidades en el orden privado y estatal.

El objetivo de la represión fueron militantes, activistas, delegados, comisiones internas y las organizaciones y/o agrupaciones gremiales y políticas de las que pertenecían.

La articulación entre las Fuerzas Armadas y las industrias queda de manifiesto en la amplia colaboración de éstas entregando información de sus trabajadores, recursos logísticos y económicos, materiales para la represión, incluida la cesión de parte de las instalaciones de algunas empresas para detener, interrogar y torturar a los trabajadores y trabajadoras.

El “Villazo”

El 20 de marzo de 1975 más de 4000 efectivos de la policía federal y provincial, Gendarmería nacional, guardia rural Los Pumas, Prefectura Naval, matones sindicales de la UOM y otros gremios, asesinos de la Triple A, entre ellos Aníbal Gordón que en una caravana de 1.5 km de autos, camionetas, tanquetas y camiones tomaron por asalto la ciudad de Villa Constitución en el sureste de la provincia de Santa fe.

El objetivo era acabar con la organización y representación de los obreros metalúrgicos que el año anterior habían desalojado en elecciones a los burócratas de la UOM colocando a Alberto Piccinini de la Lista Marrón en la Secretaría General del gremio.

En la zona existía un gran aglomerado industrial entre los que se destacaban empresas como Marathon, Metcon, siendo la mas representativa Acindar, cuyo presidente del directorio era José Alfredo Martínez de Hoz.

El día de la invasión detuvieron a 150 personas entre activistas, delegados, integrantes de comisiones internas y autoridades del sindicato y 15/16 muertos, según algunas crónicas (estos asesinatos sucedieron en diferentes momentos).

Zonas y empresa donde se aplicó la represión fabril

A grandes rasgos citamos las siguientes:

1-Noroeste argentino:

-Ingenio Concepción en Tucumán

-Ingenio Fronterita en Tucumán

-Ingenio Ledesma de Salta

-Minera Aguilar de Jujuy

-La Veloz del Norte de Salta (única empresa de servicios de este listado).

2-Norte de la provincia de Santa fe, Capital Federal y sur de Santa fe:

-Acindar

-Dálmine Siderca

-Astilleros Astarsa y Metina

-Lozadur y Cattáneo (cerámica)

-Ford

Mercedes Benz

-Grafa y Grafanor (esta última radicada en Tucumán con el mismo directorio para ambas)

3-Noreste Argentino:

-Establecimiento Las Marías de Corrientes (productores de yerba, té, etc)

4-Sur de la provincia de Buenos Aires, La Plata, Berisso, Ensenada:

-Astilleros Río Santiago

-Propulsora Siderúrgica

-Petroquímica Sudamericana

-Swift

-Alpargatas

-Molinos Río de la Plata

-La Nueva Provincia (Diario de Bahía Blanca)

Testimonios

A lo largo de los años se recogieron gran cantidad de testimonios y pruebas documentales del accionar represivo, gracias a los procesos de lucha y organización por parte de sobrevivientes, organismos de derechos humanos y testimonios en juicios.

A partir de una mirada en conjunto se logró establecer la incidencia porcentual de la participación empresarial en 25 casos, los cuales mostraron patrones de aplicación repetidos que, como se dijo al, comprendían diversos tipos de aportes del empresariado, como el caso de Martínez de Hoz que pasó de Acindar al Ministerio de Economía de la Nación; aportes logísticos: camionetas que Ford y Ledesma cedieron a los represores; aportes económicos; como así también la cesión de sectores dentro de las empresas para detención, interrogatorio y torturas de las obreras y obreros.

Esto ocurrió en Ford de Pacheco (Buenos Aires), en La Veloz del Norte (Salta), en Astilleros Río Santiago (Buenos Aires), en Acindar (Santa fe), en el Ingenio La Fronterita (Tucumán).

Porcentual de participación empresarial en 25 casos tratados y estudiados

-88% de secuestros de trabajadore/as en lugares de trabajo.

-76% de entrega de documentación privada de trabajadores y lista de delegados a las fuerzas represivas.

-52% aportes económicos a los represores.

40% cesión de camionetas y vehículos de la empresa en operativos de detención y secuestros.

-36% de pedidos de detención de trabajadores por parte de directivos de la empresa.

-32% de secuestros de trabajadores en el trayecto entre la casa y el trabajo.

-52% de presencia de cuadros empresariales en las detenciones, secuestros y torturas.

También con la investigación se pudo establecer el proceso de militarización en los establecimientos fabriles que incidió en las condiciones de trabajo y de organización sindical.

-72% de presencia de actividad militar de control, supervisión y amedrentamiento en fábricas.

-68% de participación de miembros de las Fuerzas Armadas o de seguridad en cargos directivos de las empresas.

-60% de presencia de agentes de inteligencia infiltrados en las fábricas.

-56% de realización de operativos militares en predios fabriles.

-40% de control militar en ingreso a los lugares de trabajo.

-32% de pedidos de intervención militar en conflictos laborales y sindicales.

Hasta aquí un compendio de la investigación realizada por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación publicada en noviembre de 2015 con el título de “Responsabilidad empresarial en las violaciones de Derechos Humanos en Argentina”. Tomos I y II