Torres: ¿enclaves de modernidad?

El proyecto Vilaseca

A poco de recorrer cualquier ciudad importante del país, uno se encuentra con construcciones torres que a muchos maravillará por sus dimensiones y a otros hará pensar en los efectos que esas moles de cemento acarrean. Comenzamos a escuchar mencionar en los medios de comunicación a la torre Harmony en Resistencia, parece que es “el” paradigma a replicar. Bueno, tampoco es Niemeyer, pensamos torpemente y se nos presentan los dos o tres edificios en construcción sobre Pellegrini que vimos la semana pasada en Santa Fe, analizamos: “claro, sobre un Boulevard”.

Las reflexiones que aquí se esbozan comenzaron a tomar forma, hace algunos meses, producto de una doble pertenencia de quien esto escribe: por un lado, como socióloga, el interés que despiertan las transformaciones sociales y los procesos de segregación/integración territorial que ocurren en las ciudades; por otro, la vecindad con el proyecto que aportando un poco de ironía, nos llevaría a coincidir con un artículo al respecto cuyo título “la densificación es buena hasta que nos construyen un edificio al lado” muestra muy bien las tensiones entre las distintas posturas. El objetivo es analizar distintos aspectos de la problemática relacionados con la gestión urbana y las transformaciones habidas, de modo que la inclusión de variables importantes como por ejemplo empleo de mano de obra, excedería los límites de este artículo.

El creciente mercado inmobiliario constituye uno de los sectores más dinámicos de la fase de la economía capitalista actual donde se canalizan los excedentes; auge que confluye con las necesidades propias de las transformaciones producidas en los modos de habitar espacios, de transitar, de trabajar. Procesos que tienen como resultante la valorización del suelo en zonas que por su localización son ventajosas por su acceso a bienes y servicios. En este sentido, Reconquista, y especialmente su centralidad, no es ajena a la tendencia descripta.

Si nos atenemos al proyecto de construcción, en manos de un grupo inversor local, de una torre de 20 pisos de altura en la tradicional esquina de Alvear y Obligado, en este marco de reconfiguración del desarrollo urbano, lo primero que surge es que ha generado un bienvenido debate en los diferentes sectores, no sólo porque la autorización de construcción es una excepción a la normativa vigente sino por la magnitud del mismo para la escala de una ciudad que no supera los 100 mil habitantes.

No consideramos que los procesos de crecimiento sean negativos per se ni que las identidades de las ciudades sean estáticas. Ahora bien, no negar los constantes procesos de modernización a que se ven enfrentadas las urbes, no significa que este primer proyecto tenga que ser enarbolado, sin más, como el adalid de la modernidad; sino que debiera ser el puntapié de una conversación tal que, a partir de contar con elementos de análisis, permita pensar el tipo de modelo deseable para un desarrollo urbano sostenible y eficiente en el uso de los recursos. Como ciudadanos, tener acceso a información fehaciente sobre las características y consecuencias de este tipo de construcciones en el tejido urbano, más allá de argumentos de única vía como son aquellos que sólo responden a una lógica de rentabilidad, es fundamental.

Sabemos que las intervenciones por más icónicas (y estéticamente atractivas) que sean no operan en un contexto vacío, ni que el remanido argumento de que con su sola presencia revitalizará la ciudad, actuando como una marca,no siempre es factible sin un entorno y las interacciones que con el mismo vayan a tener lugar. Es decir, si no se produce un entramado de relaciones que llenen de actividades y sinergias a la zona, se correría el riesgo de que se comenzaran a consolidar procesos de gentrificación: esta renovación de ciertas áreas de la ciudad no haría más que marcar una dicotomía urbana en vez de propender a una integración de estilos que realce la identidad de la ciudad.

En relación al rol de las ciudades, éstas constituyen el centro de las actividades productivas de más del 80% de la población de Latinoamérica, en ello reside su valor de uso. Sin embargo, las sucesivas crisis del capital han ido, en su afán de reconvertirse, profundizando una lógica del suelo basada en la apropiación mercantilista. Como sostiene, Carneiro: “La ciudad contemporánea, si bien continúa siendo el lugar de la circulación de capital, ahora también es válvula de escape para las crisis de sobre acumulación del capitalismo. El espacio construido se convierte en mercancía y la ciudad pasa gradualmente a ser apreciada por su valor de cambio, en detrimento del valor de uso antes mencionado.[i]Ha surgido, así, en las ciudades latinoamericanas un sector económico que adquiere distintos nombres como renovadores urbanos, desarrolladores inmobiliarios que, so pretexto de hablar de urbanismo, forman parte del auge de la actividad inmobiliaria en los últimos tiempos.

La dinámica inversora no es cuestionable en sí misma ya que es el afán de maximizar la rentabilidad lo que mueve al sector privado buscando oportunidades. No obstante, es función del Estado, en sus tres poderes, intervenir responsablemente en el uso del suelo a través de la regulación en la formación y distribución de la renta del suelo. En el caso que nos ocupa, uno de los Concejales que aprobó el proyecto hizo alusión a la captura de esa plusvalía como aspecto progresivo, pero no ha trascendido cómo y en qué se distribuiría. Rosario, sin ir más lejos, es una de las jurisdicciones que aplica este concepto, siendo citado a menudo en los congresos acerca de cómo las ciudades modernas gestionan estas problemáticas, intentando retener parte de la valorización que, con la autorización de proyectos de esta envergadura, se produce.

Zaida Muxísostiene, en su libro La arquitectura de la ciudad global, «Las decisiones urbanas se toman cada vez con mayor frecuencia con una calculadora en mano, es decir, en función de los intereses de los inversores.»[ii]Esta mercantilización del crecimiento urbano, que señala la urbanista, debería ser contrapesada por la participación de los diferentes actores sociales en una planificación integral. Los especialistas en la materia han acuñado últimamente el término “derecho a la ciudad” para referirse a movimientos que busquen ampliar las fronteras de los espacios comunes, recuperar las calles en forma segura y de que los edificios, por más simbólicos que puedan ser, sean pensados desde una perspectiva de desarrollo local.