VICENTIN, DICTADURA Y GENOCIDIO

VICENTIN, DICTADURA Y GENOCIDIO

ANTECEDENTES

Luego del frustrado intento de recuperación de las islas Malvinas en 1982 la dictadura militar-cívica-eclesiástica comienza a retirarse del gobierno  de la República Argentina. Sin cumplir algunos de sus objetivos como el achicamiento del Estado y la privatización de las empresas públicas, tarea que cumpliría más adelante el menemismo, militares y socios planean entregar el gobierno dejando tras de sí tierra arrasada. eso fue el resultado del genocidio.     

El genocidio fue un plan preconcebido y preparado  estratégicamente por las fuerzas económicas, por la iglesia católica, por el poder judicial y por el poder político, por los medios de comunicación y por la estrategia de dominación del poder imperial norteamericano (Prólogo de León Rozitchner el libro Genocidio en Argentina de Mirta Mántaras).

Mediante reglamentos ilegales y secretos la Junta Militar avanzó en la destrucción de la producción nacional, destruyendo además la representación gremial de los trabajadores del Estado y privados, establecimientos educativos cambiando sus planes y contenidos educativos debilitándolos en su función formativa, arremetió contra toda expresión de cultura nacional dejando el camino libre a la especulación financiera.

Miles de desaparecidos, eufemismo creado por la propia dictadura para referirse a los secuestrados asesinados, miles de encarcelados, miles de exiliados producidos por la implementación del proyecto político-económico.

El sector más perseguido y reprimido fue el de los asalariados en relación de dependencia. Según la investigación de la Comisión Nacional sobre la  Desaparición de Personas, Conadep, formada por el gobierno constitucional de Ricardo Alfonsin el 30.2%  de los desaparecidos eran obreros, el 17.9% trabajadores y 5.7% eran docentes.

El gobierno que asumió en diciembre de 1983 sometió a proceso a los militares del estado terrorista y los sentó en el banquillo de los acusados en la famosa causa 13. Las limitaciones que tuvo el juzgamiento, sólo a los integrantes de las tres primeras Juntas de Comandantes en Jefe, obedecieron a la debilidad con la que asumió el gobierno surgido de las urnas, a la existencia intacta del aparato militar que condicionaba al nuevo gobierno y sobre todo a la endeblez de la conciencia sobre el carácter cívico-militar-eclesiastico que tuvo el golpe que se propuso la refundación del país. 

Tampoco en el juicio a las Juntas se consideró el carácter y motivación económica de los crímenes por lo que los civiles beneficiados económicamente por el genocidio quedaron exentos del juzgamiento y del castigo.

A los Comandantes se lo juzgó con jueces nacionales en base al derecho interno sin considerárselos crímenes de lesa humanidad. 

Por las presiones de militares y de sectores civiles y económicos identificados con los golpistas el gobierno de Raul Alfonsin sanciona las leyes de Punto Final en 1986 y la de Obediencia Debida al año siguiente ambas en el sentido de acabar con las acciones penales por crímenes cometidos en la acción represiva. 

Estas Leyes fueron derogadas en por el Congreso Nacional en 1998 y la Corte Suprema de Justicia las declaró inconstitucional siete años después. Con estas medidas las causas suspendidas y las nuevas tuvieron nuevos bríos multiplicándose en muchas regiones de nuestro país.   

CAUSA 050 O CAUSA III BRIGADA AÉREA.

En 2006, por una denuncia de quien esto suscribe, comienzan a investigarse en el Juzgado Federal de Reconquista los delitos cometidos en nuestra región durante la dictadura 1976-1983 en el marco de la mal llamada lucha antisubversiva.

Más de noventa personas pasaron por el Juzgado y la Fiscalía Federal dejando sus testimonios. Entre ellos estaban varios obreros de la firma Vicentín SAIC de Avellaneda detenidos y torturados luego del golpe de estado.

Siete años después de comenzada la instrucción de la causa se elevaron las investigaciones a ser juzgadas en el Tribunal Oral Federal Nº 1 en Santa Fe. Ya estaban procesados y detenidos cinco policías de la provincia de Santa Fe y dos oficiales de la Fuerza Aérea Argentina. NICKISCH Carlos  Armando, MACHUCA Horacio Osmar, MOLINA Rubén Vicente, LUQUE Eduardo Antonio y NEUMANN Arnaldo Máximo todos policías con diferentes rangos fueron condenados con penas entre 17 años y siete años. SAMBUELLI Danilo Alberto, oficial Aeronáutica y Jefe en la zona de todas las acciones represivas recibió 21 años de prisión y el otro oficial de la Fuerza Aérea, BENITEZ Jorge Alberto recibió 17 años de condena.

Oscar Zarza, Adelqui Gavirondo obreros de la aceitera Vicentin contaron sus experiencias de luchadores por mejores condiciones salariales y laborales y sus calvarios luego de las detenciones. También nombraron a varios de sus compañeros perseguidos y detenidos entre los que están Aníbal Gall, Elbio Zorat y  Estanislao Zunini, los tres fallecidos. También nombraron a otros obreros que nunca comparecieron a testimoniar como Planisich, Fleitas, Merele. Efrén Venturini  concurrirá a declarar en la continuidad de esta causa a la cual me referiré más adelante.

Ocurrió un hecho curioso en una de las audiencias del juicio oral. El abogado Pintos de Rosario perteneciente a un bufete de abogados dedicados a la defensa de represores preguntó: 

-Por qué no están en esta sala, entre los acusados, ningún directivo de Vicentin si Zarza y Gavirondo dicen que los detuvieron mientras trabajaban? 

Más allá de la ironía del defensor tratando de mitigar responsabilidades de su representado desnudó con esa pregunta los límites que tenían esos juicios. Nada de civiles, nada de políticos. Las denuncias e investigaciones y denuncias no iban más atrás de 1976. Con mi abogado querellante de entonces sostuvimos  y sostenemos que el exterminio de activistas y militantes comenzó antes del golpe del 76.

LA DENOMINADA CAUSA VICENTIN.

Esta causa ya tiene tres años de antigüedad, comenzó a ser instruida en 2017 en el Fiscalía Federal de Reconquista cuando su titular era la Dra Viviana Bruno Campaña muy reticente a investigar los hechos que le sugerían desde la Unidad Fiscal de Coordinación de Causas de Violaciones a los Derechos Humanos durante el Terrorismo de Estado.

Las citaciones y toma de testimonios comienza en 2017 por lo que el número de expediente de la causa en la Fiscalía es 94/17. Fuimos varios los que concurrimos a testimoniar entre los que están Oscar Zarza, Efrén Venturini, Mario Zunini hijo de Estanislao, Carmen Zorat hija de Elbio vinculados a la firma Vicentín, entre otros.

La causa tomó estado público porque coincide la citación a Zarza para ampliar testimonio con el decreto del Presidente Alberto Fernández. La causa caratulada “Nickisch Carlos Armando; Molina Rubén; Benítez Octavio; Mulasano Juan Antonio; Enrique Ricardo Nicolás S/ privación ilegal de la Libertad agravada (art. 142 inc. 1…)” que revela que se investigan diversos delitos no solo los ocurridos en oportunidad de las detenciones de los obreros.

La prensa comenzó a llamarla causa Vicentin por los motivos expuestos más arriba.

Izquierda a derecha: Oscar Zarza, obrero jubilado de Vicentin; Alejandro Córdoba de LADH y Carlos Zamboni, abogado de la Federación de Trabajadores Aceiteros.

LA LIGA QUERELLA

La LIGA ARGENTINA POR LOS DERECHOS HUMANOS,  a la que represento en la zona se ha constituido en la persona de su Presidente José Schulman, con el patrocinio letrado del Dr. Pedro Dinani, en querellante. 

Nos proponemos demostrar la responsabilidad de la empresa Vicentín en la detenciones, torturas y privación ilegal de sus obreros cuyo número surgirá de la investigación. La empresa de amplios vínculos con la dictadura de Onganía (1966-1970) que le otorgaron terrenos, con la de Videla y otros un puerto en San Martín, créditos en dólares en el exterior que nunca devolvieron y se propuso descabezar la representación gremial y lo lograron. 

Un ex agente civil de la dictadura que reportaba al Batallón 601, el servicio de inteligencia del Ejército admitió, en su declaración al ser detenido por amenazas a testigos de causas de Lesa Humanidad, haber trabajado infiltrado en la firma Vicentín en 1.975.

Escribe Dinani  que “venimos a formular esta querella en función de los graves delitos de lesa humanidad de los que fueron víctimas los habitantes de las localidades de Reconquista y Avellaneda de la provincia de Santa Fe que trabajaban en la empresa VICENTIN”.

Más adelante agrega “los delitos que se endilgan constituyen delitos de Lesa Humanidad por ser parte de un plan sistemático de exterminio”. 

Pedro Dinani hace referencia a la participación de civiles en el terrorismo de Estado al citar la causa tramitada en Salta en la que le atribuyen a su dueño MARCOS LEVIN usar un grupo de tareas para sacarse de encima a los trabajadores mas combativos y afiliados a la UTA. El Fiscal Federal de esta causa y el abogado de la querella sostienen que “el hecho de que Marcon Levin no haya sido funcionario no significa que quede excluido por esa sola circunstancia de ser responsable de cometer delitos de lesa humanidad”.

También Dinani escribe sobre lo ocurrido durante la dictadura en otras empresas como el Ingenio Ledesma y Loma Negra.

OTROS QUERELLANTES

Nos han hecho saber los abogados de la Federación de Trabajadores Aceiteros, Doctores Juan Manuel Combi y Carlos Zamboni, que se presentarán como querellantes en esta causa en nombre de la Federación y representando a todos los trabajadores, incluidos los fallecidos, en esta querella contra esta empresa fugadora, evasora, vaciadora y demostrarán, demostraremos su participación en el Terrorismo de Estado.

Por Alejandro Córdoba – LIGA ARGENTINA POR LOS DERECHOS HUMANOS 

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