Vicentín: Imputación por estafas y defraudación

En la mañana de hoy, Miguel Moreno, fiscal de la Unidad de Delitos Económicos de Rosario, imputó a los directivos de Vicentin por el delito de balance falso en concurso real por defraudación y estafa en seis hechos cometidos contra bancos extranjeros damnificados por el default de la empresa, en la audiencia que se llevó a cabo en el Centro de Justicia Penal.

También imputó a todos los ejecutivos por el delito de estafas en carácter de coautor contra las acopiadoras de quienes recibió granos hasta el momento de declararse en estrés financiero y posterior cesación de pagos, precisaron fuentes judiciales santafesinas.

Los 14 imputados son:

Daniel Néstor Buyatti (presidente de Vicentin), Alberto Julián Macua (vicepresidente), Roberto Alejandro Gazze (director financiero), Máximo Javier Padoan, Cristián Andrés Padoan, Martín Sebastián Colombo, Sergio Roberto Vicentin, Pedro Germán Vicentin, Roberto Oscar Vicentin y Yanina Colomba Boschi, Raul González Arcelus, Omar Adolfo Scarel (síndico) y Miguel Vallazza.

Buyatti fue imputado además en forma personal por el delito de apropiación indebida de tributos, y junto al resto de los directivos recibió la imputación por el delito de estafa contra el Banco Macro, una de las instituciones financieras locales afectadas por las maniobras de Vicentin, junto a los bancos Nación y Provincia de Buenos Aires.

El juez que interviene en el caso, Román Lanzón, deberá decidir pasado mañana si dicta la prisión preventiva de algunos directivos, medida que será solicitada por el fiscal en el entendimiento de que pueden influir para alterar el proceso, o si acepta la oferta de fianza ofrecida por la empresa por una suma de US$ 5 millones.

Al concluir la audiencia, el fiscal Moreno señaló que “si bien la pena contemplada por estafa es de seis años, por la acumulación de delitos imputados estamos en condiciones de pedir la pena máxima, que son hasta 50 años”.

El jueves próximo será el descargo de la defensa de los imputados, a quiénes se les atribuye haber confeccionado, aprobado y utilizado los balances anuales con cierre a octubre de 2017 y octubre 2018 que contenían información financiera falsa consistente en ocultar el verdadero pasivo de la empresa.

Esos informes exhibían una aparente sólida situación patrimonial de Vicentin “con el fin de ocultar su realidad económica financiera, engañar a las entidades financieras y así, provocaron bajo error disposiciones patrimoniales que superan los US$ 500 millones en virtud de líneas de créditos acordada”.

El fiscal Moreno definió las maniobras de Vicentin como “una puesta en escena de empresa solvente y confiable”, a fin de generar confianza en los productores, vendedores de granos, acopios, cooperativas y corredores, “quienes, engañados, entregaron toneladas de granos bajo la modalidad de contratos con precio a fijar, con el pleno conocimiento de los directores y síndicos de la imposibilidad de cumplir las obligaciones asumidas”.

Complicidades políticas

El 8 de junio del año pasado, el presidente Alberto Fernández anunció la intervención de Vicentín, con la posibilidad de enviar al Congreso nacional el proyecto de expropiación de la cerealera a los fines de recuperar parte de la deuda que tiene con el Banco Nación (la banca pública de TODOS los argentinos)

A partir de la medida dispuesta por el gobierno nacional, los directivos de la empresa utilizaron a los políticos de la oposición y también, hay que decirlo, a otros del mismo color político del gobierno nacional a nivel local y provincial, para hacer caer la intervención de la empresa y el envío del proyecto de expropiación al Congreso Nacional. El caso mas exultante de obsecuencia y subordinación política a los intereses económicos de la empresa en detrimento del Pueblo Argentino, fue el del intendente de Avellaneda, Dionisio Scarpín (actual candidato al Senado de la Nación) y el del Senador Provincial Orfilio Marcón, arengando y movilizando a la población en pleno brote de Covid-19 (debemos recordar que Scarpín fue el primero que trajo el virus a Avellaneda), bajo el pretexto de que estaba en juego la República, los valores democráticos y la propiedad privada.

Opinión 

No se sabe bien cuál sea el destino final de la cerealera ni el de sus directivos. Lo que si parece, por éstas horas, lejos han quedado ésos días en que Alberto Padoán se sonreía a bordo de su lujosa camioneta RAM como invitado de lujo de una manifestación pseudopopular en Defensa de la República y la propiedad privada, fogoneada desde los medios de comunicación rentados por el mismo poder económico que supieron construir él y sus socios a base de presuntos delitos como los que se investigan.

Tampoco se sabe bien cuál será el destino de los activos del grupo (los que todavía figuran a su nombre, como los viñedos de la familia Vicentín, cuyos vinos llevan nombres que caracterizan a ésta familia…