febrero 20, 2024
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Estafa y asociación ilícita Vicentin: La Fiscalía pidió hasta 17 años de prisión para ex directivos

La Fiscalía de Delitos Económicos de Rosario, que conduce Miguel Moreno, acusó formalmente este viernes de estafa y asociación ilícita a los ex directivos de Vicentin, la agroexportadora que entró en default a fines de 2019. Además, pidió penas de siete años de prisión para el socio de la consultora KPMG (auditora de los balances de la agroexportadora), Eduardo Harnan y de tres años para los síndicos Ernesto García, Diego Telesco y Carlos Amut.

Fiscalía pidió para Daniel Buyatti 16 años de prisión; para Alberto Macua, 16; para Roberto Gazze, 17, para Omar Scarel, 14; para Máximo Padoan, 12 años; para Cristian Padoan, 10; para Martín Colombo, 13; para Sergio Roberto Vicentin; 10 años; para Pedro Germán Vicentin, 10 años; para Yanina Boschi, 10; para Javier Gazze, 8 años y pra Miguel Vallaza 8 años.

Con la acusación se cierra la etapa de investigación penal reparatoria, bajo la hipótesis de que la cesación de pagos no obedeció a un problema comercial derivado del contexto económico nacional, como argumentó la compañía, sino que resultó de maniobras ilegales del directorio que falsearon documentación (balances) para conseguir créditos y granos sabiendo que no estaban en posición financiera para poder devolver los préstamos o pagar la mercadería. Lo que sigue ahora es el juicio penal, todavía sin fecha de inicio.

El proceso penal se desarrolló en forma paralela al concurso preventivo. Y la caución de los bienes de la empresa pedida por la fiscalía y ordenada por los jueces que intervinieron fue determinante en el desarrollo del trámite concursal al no poder disponerse de los mismos como parte de pago, razón que volteó el acuerdo de acreedores y llevó a la Justicia civil a declarar el inicio del cram down (o posibilidad de rescate por terceros), decisión apelada que hoy se tramita en la Cámara de Reconquista.

La Fiscalía entiende que “la publicación de los balances y su presentación ante las distintas entidades bancarias como la falsa exhibición al mercado granario de la solvencia y buen estado financiero y económico de Vicentín no pudo ser posible sin el aporte necesario que realizó Eduardo Harnan, quien es contador y socio de auditoría de la empresa KPMG”.

“El aporte de Harnan en los hechos atribuidos fue, con su opinión favorable de los estados contables de Vicentin, darle mayor credibilidad a los balances con cierre a octubre 2017 y 2018 que contenían falsa información y que omitían el pasivo, y para ello debió incumplir con las normas y prácticas que le encomendaba su labor”, indicó la Fiscalía. Porque “de haber realizado correctamente su trabajo, habría advertido el millonario ocultamiento del pasivo, y de esa manera lo debería haber expresado en su análisis y conclusiones, de manera de alertar al mundo crediticio y granario de las falsedades contables de Vicentin”, agregó.

Así mismo, la Fiscalía acusó a los síndicos Carlos Julio Amut, Ernesto Norberto García y Diego Oscar Telesco por el delito de “encubrimiento con el fin de asegurar o ayudar al autor a asegurar el producto o provecho del delito, agravado por ser funcionario público al momento de la comisión, en calidad de coautores (arts. 277 1. d y e, y 3d, 45 del Código Penal)”.

En el caso de García, Telesco y Amut, que fueron los síndicos del concurso preventivo de Vicentin que se tramita ante el Juzgado Civil y Comercial de Reconquista, su delito consistió “en haber incumplido sus obligaciones de control y haber emitido dictámenes en beneficio del órgano de dirección y fiscalización de Vicentin SAIC, pese a las advertencias efectuadas por la Auditoría Forense en los informes presentados dentro del concurso preventivo, y las irregularidades denunciadas por distintos acreedores e integrantes del comité de control”.

La sindicatura concursal encubrió el proceder del órgano de dirección y fiscalización de Vicentin Saic, que confeccionó, aprobó y utilizó los balances anuales con cierre a octubre de 2017 y octubre 2018 que contenían información financiera falsa, consistente en la ocultación del verdadero pasivo de la empresa, estados contables que fueron auditados, en ambos casos por la auditoría externa KPMG, a través de su socio gerente Eduardo Harnan.

La sindicatura también hizo caso omiso a las irregularidades planteadas por los integrantes del Comité de Control (Banco Nación, Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros y desmotadores de algodón de los departamentos de General Obligado y San Javier, el Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros del departamento de San Lorenzo, ACA, IFC y FMO), así como de una abogada de la Administración Federal de Ingresos Públicos. También, en su informe general, la Sindicatura en “hizo caso omiso total” de la labor de la auditoría forense y tampoco consideró los informes de la veeduría ni de los interventores designados, cuando el juez se encargó de dejar bien en claro que debía existir entre los distintos funcionarios y auxiliares del concurso un permanente trabajo de retroalimentación.

Fuentes: www.LaCapital.com.ar -www.Rosario3.com

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